Los cancilleres Héctor Timerman y Luis Almagro acordaron ayer en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, los términos del monitoreo conjunto dentro de la planta  UPM, en su potencial de influencia y en otros varios tramos del curso de agua compartido por Argentina y Uruguay. Además, Confirmaron que en sesenta días el comité estará listo para comenzar los controles.

Para empezar a poner en marcha estos controles acordaron que este jueves, en el marco de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), se reúnan los cuatro especialistas del Comité Científico (dos designados por el gobierno argentino y dos por su par uruguayo), quienes tendrán un plazo de 60 días para planificar y definir pautas de una agenda primaria de trabajo, y 150 días para elaborar un cronograma definitivo de actividades.

La planta de UPM será el primer lugar que se controlará . Bajo la responsabilidad de la Dirección Nacional de Medio Ambiente de Uruguay (DINAMA), el Comité Científico tendrá la posibilidad de ingresar a la fábrica productora de pasta de celulosa un máximo de doce veces al año, y monitoreará también los efluentes líquidos y emisiones gaseosas que lleguen al río.

Almagro confirmó que el Comité Científico estará listo dentro de 60 días para comenzar los controles, que se extenderán también a la desembocadura del río Gualeguaychú, del lado argentino. Timerman, por su parte, volvió a cuestionar las medidas de protesta decididas por los asambleístas en disconformidad con lo acordado y suspendió la visita que tenía previsto realizar a la ciudad entrerriana en tanto no modifiquen su actitud.

El plan contempla que las modalidades de monitoreo “se prolongarán sin interrupción en su ejecución en el tiempo”, salvo que la CARU decida lo contrario. También se señala que “el objetivo común de estos monitoreos es poder alertar en forma temprana en caso de apartamientos de las normativas”. Este punto intenta satisfacer el pedido de los ambientalistas de poder notificar episodios de contaminación específicos, que han denunciado en relación con la actividad de la pastera.

También se prevé la utilización de censores para medir las emanaciones, y la difusión de la información recabada “respetando los tiempos científicos”.