A través de un breve escrito judicial, Norberto Oyarbide puso fecha de indagatoria a la cúpula de funcionarios que recaudaron el dinero para la campaña electoral de Cristina Kirchner y Julio Cobos a la Presidencia y Vice de la Nación en 2007. Se trata de Héctor Capaccioli, ex superintendente de Servicios de Salud; Hernán Diez, actual director de Lotería Nacional y responsable financiero del informe de gastos de campaña; y Sebastián Gramajo, asesor de la ANSES, ex legislador porteño y jefe político de ese comité electoral.

Los tres dirigentes que más cerca estaban de la recepción de dudosas donaciones a la campaña, tendrán que presentarse el 5, 19 y 21 de octubre, respectivamente. Es porque quedaron involucrados en la causa de la mafia de los medicamentos donde se reveló una matriz de irregularidades y actos de corrupción entre droguerías y sindicatos con la connivencia del Estado.

La lista de citados incluye a siete personas más entre las que se destaca Juan Rinaldi, un abogado que llegó a titular de la Administración de Programas Especiales (APE) de la mano de Hugo Moyano, de quien ahora está distanciado. Ese organismo está a cargo de la asignación de reintegros y subsidios a las obras sociales para medicamentos de alta complejidad, como el cáncer, el sida y la hemofilia. Uno de los ejes de la causa es el descontrol en el reparto de estos fondos durante la gestión de Rinaldi y mientras Capaccioli manejaba la Superintendencia, un cargo al que había llegado de la mano de Alberto Fernández. En rigor, el APE es autónomo, pero según fuentes de la causa, “las inconsistencias abarcaban a los dos organismos”.

El juez también convocó al ex ministro de Salud bonaerense, Claudio Zin, involucrado en este expediente a partir de las conversaciones telefónicas que mantuvo un ex funcionario de su área, Alberto Costa, con Néstor Lorenzo, dueño de la droguería San Javier y procesado como jefe de una asociación ilícita destinada a vender medicamentos adulterados.